Por Miguel Borzutzky W.
El pasado 31 de julio se realizó la Cuenta Pública 2020 que tuvo una naturaleza distinta a las anteriores porque estuvo centrada en las acciones tomadas con respecto a la pandemia. Sin embargo, en este discurso no se abordaron las iniciativas que el gobierno ha implementado para dotar de recursos a todos aquellos que promueven el fortalecimiento del patrimonio cultural y el arte de diversas formas.
Tampoco se evaluó el impacto económico que ha dejado esta crisis en la actividad cultural, ni la reapertura de teatros y espacios dedicados a las artes escénicas en ninguna parte del proceso de apertura, denominado “paso a paso”, propuestas por el gobierno, pese a que ya se presentó el Protocolo de manejo y prevención de COVID-19 para cines independientes, teatros y lugares análogos, situación que deja una sensación de desinterés por parte del gobierno hacia el sector.
Sin embargo y muy minúsculamente abordado en el “Plan Chile se recupera” se toma en cuenta dentro de plan de inversión pública en infraestructura física, social y digital a parques y centros culturales entre otros que forma parte de los temas prioritarios dentro de la Política Nacional de Cultura: “Participación, gestión cultural local y espacios culturales”.
A pesar de que Chile cuenta con una Política Nacional de Cultura desde el año 2017, con la creación del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio el 5 octubre del 2017 mediante la Ley 21.045, donde el principal objetivo es formular e implementar políticas, planes y programas que contribuyan al desarrollo cultural y patrimonial en todo el territorio nacional y que dejó atrás al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA), estas políticas no estarían siendo ejecutadas eficientemente por el gobierno de Sebastián Piñera.
Las políticas culturales han tenido como actor principal a la ciudadanía y han estado vinculadas con los enfoques de derechos y de territorio, amparados en instrumentos internacionales donde se puede destacar la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y la Convención de la Unesco sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales (2005). Este último instrumento, ratificado por Chile en 2007.
Por su parte, el gobierno de Piñera no ha abordado las políticas planteadas asertivamente, por lo que se tienen varias disconformidades en el sector, por parte de los mismos representantes de la cultura, quienes han expresado su rechazo a los recortes presupuestarios por parte del gobierno y han manifestado con justicia su preocupación por la poca claridad de las autoridades en el campo cultural para paliar la crisis y los difíciles momentos que vive el sector en todo el país.
La ministra Consuelo Valdés, quién ha tenido una pésima gestión a cargo de este ministerio, ha anunciado recursos poco claros, nada transparentes y así también resultan limitantes las herramientas concursables o fondos públicos que están destinados para el sector. La cultura colectiva y democrática son las menos privilegiadas sobre las industrias y élites creando así una brecha cada día más amplia y de una profunda desigualdad.
A pesar de poder explotar el tema cultural en donde deberían surgir mejores propuestas en este confinamiento, no ha sido así, está claro que no existe interés por parte del estado en invertir en Cultura, siendo esta un medio y un fin para el desarrollo del país.
